Con base en el anterior cuestionamiento, considero que se debe a una dependencia estructural de combustibles fósiles (petróleo, carbón), la ausencia del principio de Adicionalidad en los proyectos financiados con recursos de bonos verdes, lavado verde de imagen y lentitud en frenar la deforestación en la región amazónica y Orinoquía.
La primera causa es el desfase estructural vs. financiero, puesto que la emisión de bonos y la Taxonomía Verde buscan clasificar las inversiones, pero no detienen las emisiones de gases efecto invernadero (GEI), ni la contaminación de las aguas y tampoco disminuyen el aumento en la acidez de los suelos, generados por la economía real. Sectores como el transporte, la generación termoeléctrica y especialmente la ganadería, están aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, siguen operando con matriz fósil o prácticas no sostenibles a gran escala.
La segunda razón es que la mayor fuente de GEI en el país proviene del uso del suelo y la deforestación. La deforestación obedece a dinámicas socioeconómicas complejas, las economías ilícitas están talando árboles, vertiendo mercurio en las aguas, destruyendo flora y fauna en busca de oro y otros metales preciosos en nuestras selvas, todo ello por la falta de presencia estatal en zonas vulnerables.
El tercer motivo es la ausencia del principio de adicionalidad en los proyectos financiados con bonos verdes, lo que impide el rastreo de resultados climáticos reales, generando desconfianza y falta de transparencia. El principio de adicionalidad establece que un proyecto de mitigación climática debe generar reducciones o remociones de GEI que no habrían ocurrido sin el incentivo del proyecto, por ejemplo, construir una planta solar que ya era rentable por sí misma.
Una cuarta razón, es que con el uso de bonos verdes lo que se hace es un gran lavado verde de imagen (greenwashing, en inglés) de las grandes empresas. El greenwashing es una estrategia de publicidad engañosa que resalta una característica ecológica, mientras que el impacto ambiental total del producto sigue siendo negativo. Adicionalmente, en el corto plazo la compañía emisora suele beneficiarse de una mejor imagen, pero a largo plazo se perjudica, principalmente por el daño reputacional, la pérdida de confianza de los inversores y el aumento del riesgo percibido. Por ejemplo, cuando una petrolera o una mina de carbón emite un bono verde para eficiencia energética, aunque ahorren energía, su foco de actividad económica continuará siendo muy contaminante.
Podemos concluir que Colombia necesita promover economías forestales comunitarias, exigir pago por servicios ambientales y fortalecer el monitoreo estatal para transformar las áreas de tala en zonas de conservación, exigir obligatoriamente la inclusión del principio de adicionalidad a los contratos de proyectos de mitigación del cambio climático y aplicar normatividad precisa en la evaluación de indicadores de mitigación del cambio climático, que eviten el Greenwashing, ya que a pesar de la existencia de estándares internacionales como los Principios de Bonos Verdes, que plantean lineamientos sobre cómo se debe estructurar e informar los proyectos en que se va a invertir y cómo se debe reportar, buscando asegurar que la inversión verde se refleje en hechos concretos y nuevos, existe un gran problema en el mercado, y es que los emisores pueden o no acogerse a los principios de los bonos y aun así etiquetarlos como verde.
Información de: Andrés Ricardo Riveros Tarazona.
